La II República quiso lograr una mayor separación entre la Iglesia y el Estado. Diversos momentos cargados de simbolismo se dieron en esos cinco años y movieron una encendida resistencia de los sectores más conservadores. Ese mes los concejales del Frente Popular en la capital lograban que las banderas de la expedición bélica de Horacio Nelson pasaran de estar colgadas como exvotos en la iglesia de La Concepción a ser conservadas a un espacio público.
Esa alegría se volvió horror a partir de julio de 1936. Las fuerzas conservadoras fueron de la mano del Obispado de Tenerife para devolver con brutalidad lo que consideraron una afrenta. En el mes de agosto de 1939, el informe del párroco de la Concepción, Luis María de Eguiraun Corcura, colaboró activamente en el expediente de responsabilidades políticas abierto por la dictadura. En su escrito señaló que los concejales “Francisco González Trujillo y Nicolás Mingorance Pérez -como puede verse en el acta del Ayuntamiento de esta capital, de 14 de mayo de 1936- molestaron positivamente a la Iglesia laborando en pro de la incautación de bienes que legítimamente poseía esta Parroquia” (1). No olvidarían fácilmente que casi pierden su poder y los ingresos que le daban los visitantes extranjeros que acudían a la parroquia gracias a las viejas enseñas.
En los primeros años del siglo XX las ideas sobre dónde debían ubicarse estas banderas fueron tomando fuerza. En 1912 ya había un debate público sobre la ubicación y conservación de las mismas. El medio conservador, muy ligado a la Iglesia católica, Gaceta de Tenerife criticaba desde sus páginas la posibilidad de trasladar esos elementos y manifestaba que lo que “no transigimos, ni en principio siquiera, es con que puedan salir de la Iglesia las banderas que recuerdan tan glorioso triunfo” (3). Los sectores republicanos y progresistas de la ciudad llevaban tiempo demandando una mejor ubicación de estas enseñas, que no generara un deterioro o una pérdida de las mismas y ese debate había llegado al salón de plenos chicharrero.
En 1914 una mayoría del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya planteaba conservar esos elementos en el Museo municipal. La respuesta de la jerarquía eclesiástica fue inmediata, trasladándose ante el pleno “una comunicación del Párroco de la Concepción manifestando que no puede entregar las banderas de Nelson” (3) sin la autorización del Obispo. El republicano palmero, concejal del Ayuntamiento capitalino, Mario Arozena, fue una de las primeras voces políticas en solicitar en el salón de plenos el traslado de las banderas al Museo (4), idea que apoyaron otros ediles. Esa propuesta se dilató en el tiempo por el escaso interés del Gobierno civil y el Cabildo en la materia, que no puso el menor reparo a la hora de proteger los intereses de la Iglesia.
En este proceso intervino el exalcalde conservador, Anselmo de Miranda, que había interpuesto un recurso contra la propuesta de traslado, a pesar de que en 1893 había reconocido el riesgo que corrían las banderas en su ubicación (5).
La prensa más tradicionalista tomó un papel muy activo en esta polémica, llegando a encargar un informe jurídico sobre el derecho de la Iglesia a conservar esos elementos. En un tono abiertamente militante afirmaban que “Si alguien puede alegar ese derecho son los bravos soldados que las compraron al precio de su sangre; pero el Ayuntamiento nunca, porque aún en el caso de que tuvieran los señores concejales el valor necesario para ponerse ante los cañones ingleses, que lo dudamos (…) mal podrán demostrarlo cuando estaban todavía en la nada” (6). Uno de sus argumentos era que en esa época no se había creado todavía el Ayuntamiento de Santa Cruz, con lo que estos bienes no pertenecía a Santa Cruz, algo que hizo que el Ayuntamiento de La Laguna se interesara por la posibilidad de que las banderas les pertenecieran, al ser el espacio municipal que existía en 1797 (7). La respuesta de los medios republicanos fue igualmente contundente, es el caso de la Voz de Tenerife, que responde al “papel clerical” afirmando que “la parroquia de la Concepción carece de fundamento alguno para retener en su poderío que no conquistara ni adquiriera con sangre frailuna ni con el dinero de las benditas ánimas del purgatorio” (8).
Con la proclamación de la II República la polémica sobre la ubicación y conservación de las banderas se retoma en la prensa y en el salón de plenos municipal. El semanario de izquierdas Proa decía en 1932 que “nos parece que esas banderas deben ser sacadas de aquel lugar para trasladarlas al Museo, que, tan majo nos lo están poniendo” (9). El 30 de diciembre del mismo año La Prensa publicó un extenso texto de Teodoro de Anasagasti, miembro de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando, en el que alerta del riesgo de conservación de las banderas y explica que al visitar la iglesia, “hicimos notar —no en balde hemos andado en estos trotes profesionales, y el señor cura asintió ante la observación— aquellas banderas pueden desaparecer en un fuego el día que menos se espere” (10). Las palabras del experto tuvieron eco en la alcaldía, que días después de su publicación mostró su preocupación por las malas condiciones de seguridad y donde “intervinieron los señores Calzadilla, Fernaud, García Martín y Ramírez Vizcaya, se acordó que el alcalde se dirija al Obispo de la Diócesis, exponiéndole el deseo del Ayuntamiento, en el sentido de que dichos trofeos sean entregados al Municipio” (11).
En febrero de 1933 el debate vuelve al pleno donde se plantea la necesidad de mejorar el museo municipal e incluso crear un museo provincial donde estos elementos patrimoniales pudieran ser parte de la exposición. En ese debate se “...aprobó una propuesta del señor Ramírez Vizcaya, para gestionar de la Superioridad se dé carácter provincial al actual Museo, creando una sección arqueológica, en la que se podrían conservar dichos trofeos” (12). A pesar de lo manifestado, poco o nada se avanzó en esta materia, al menos hasta que el Frente Popular logró una mayoría suficiente en febrero de 1936.
Con la alcaldía de José Carlos Schwartz, en la sesión del 14 de mayo, “el secretario dio lectura a un oficio de la Junta Insular de Turismo, en el que dice que a propuesta del señor Martín Albertos acordó aquella entidad interesar del Ayuntamiento sean trasladadas al Museo las banderas de Nelson”. En la misma sesión el concejal Francisco González Trujillo, ya mencionado, llegó a expresar que “esas banderas fueron arrebatadas a Nelson, y nosotros se la arrebataremos al cura de la Concepción. Yo estoy dispuesto a ir a buscarlas”(13). Como veremos ahora no quedaron en el olvido de los golpistas esas frases.
Los sectores reaccionarios quisieron convertir acciones como esta en su caballo de batalla ideológica. La situación había desembocado incluso en el uso de la Parroquia de la Concepción como sede de reuniones de grupos que ya preparaban el golpe militar. Así lo expresó en el salón de plenos el concejal socialista, Pedro García Cabrera, que, ante el debate sobre la asistencia de un notario al acto de entrega de las enseñas, afirmó con ironía que “está conforme conque vaya un notario, pero para dar fe de las reuniones fascistas que se celebran en la citada iglesia, alentadas por personas que quieren alzarse contra el Poder civil” (14).
Las nuevas autoridades franquistas no dejaron pasar este suceso. Algunos de los protagonistas centrales del traslado de las banderas fueron detenidos. Francisco González Trujillo ingresó en la Prisión Provincial el 23 de julio de 1936, donde permaneció hasta el día 8 de agosto, cuando por una enfermedad grave pasó a detención domiciliaria, siendo detenido nuevamente el 17 de marzo de 1937 y puesto en libertad en los primeros meses de 1939. En su expediente pesaron dos sucesos, además de su pertencia a la Logia Añaza. Uno, su denuncia contra las actitudes de Franco en la jornada del primero de mayo de 1936, y el segundo el traslado de las banderas de Nelson (17). A Nicolás Mingorance lo detuvieron también, ordenando su deportación a Villacisneros en agosto de ese año.
La dictadura dio pie a un nuevo periodo donde la Iglesia vuelve a acoger estos bienes, situación que apenas varió en más de medio siglo. En esta suma de décadas solo dos fechas rompieron la dinámica, una en enero de 1977, cuando un grupo del MPAIAC las sacó de la iglesia como parte de una acción de propaganda, y la segunda en 1988, cuando el pleno de Santa Cruz tomó acuerdo de ratificación por el que se decidió el traslado “temporal” de las insignias al Museo Militar de Almeyda (19), donde permanecen desde esa fecha en mejores condiciones de conservación.
Fuentes consultadas
Informe del párroco Luis María de Eguiraun Corcura de 2 de septiembre de 1939. Expediente proceso de Responsabilidades Políticas número 64/1939. AHPLP.
Padrino Barrera, José Manuel. Los exvotos en Tenerife. Vestigios materiales como expresión de lo prodigioso (y III). Revista de Historia Canaria, nº198 año 2016 pp 47-48
Gaceta de Tenerife. 27 de julio de 1912. p1
El Progreso. 6 de febrero de 1914. p2
El Progreso. 5 de mayo de 1914. p1
Gaceta de Tenerife. 11 de mayo de 1915. p1
La Opinión. 4 de junio de 1915. p2
La Voz de Tenerife. 18 de mayo de 1915. p1
Proa. 6 de febrero de 1932. p3
La Prensa. 30 de diciembre de 1932. p1
La Prensa. 5 de enero de 1933. p5
La Prensa. 2 de febrero de 1933. p5
La Prensa. 15 de mayo de 1936. p1
La Prensa. 28 de mayo de 1936. p1
Gaceta de Tenerife. 31 de mayo de 1936. p5
La Prensa. 11 de junio de 1936. p1
Expediente proceso de Responsabilidades Políticas número 64/1939. AHPLP.
La Prensa. 10 de noviembre de 1936. p7
AMSCT. Libro de actas del 22 de abril a 16 de septiembre de 1988. Pleno 17 de junio de 1988. punto 31. pp 64 y 64bis
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