Había
caras de alegría ese 30 de mayo de 1936. Tras dos décadas de
debates se cumplía una vieja demanda republicana, que las banderas
de Nelson se llevaran al museo municipal de Santa Cruz de Tenerife.
La
II República quiso lograr una mayor separación entre la Iglesia y
el Estado. Diversos momentos cargados de simbolismo se dieron en esos
cinco años y movieron una encendida resistencia de los sectores más
conservadores. Ese mes los concejales del Frente Popular en la
capital lograban que las banderas de la expedición bélica de
Horacio Nelson pasaran de estar colgadas como exvotos en la iglesia
de La Concepción a ser conservadas a un espacio público.
Esa
alegría se volvió horror a partir de julio de 1936. Las fuerzas
conservadoras fueron de la mano del Obispado de Tenerife para
devolver con brutalidad lo que consideraron una afrenta. En el mes de
agosto de 1939, el informe del párroco de la Concepción, Luis María
de Eguiraun Corcura, colaboró activamente en el expediente de
responsabilidades políticas abierto por la dictadura. En su escrito
señaló que los concejales “Francisco González Trujillo y Nicolás
Mingorance Pérez -como puede verse en el acta del Ayuntamiento de
esta capital, de 14 de mayo de 1936- molestaron positivamente a la
Iglesia laborando en pro de la incautación de bienes que
legítimamente poseía esta Parroquia” (1). No olvidarían
fácilmente que casi pierden su poder y los ingresos que le daban los
visitantes extranjeros que acudían a la parroquia gracias a las
viejas enseñas.
Y
es que mucho dieron de sí estas banderas incautadas a los atacantes
británicos que trataron de tomar Tenerife el 25 de julio de 1797.
Eran un símbolo de una victoria a una de las principales potencias
del planeta y su valor simbólico era enorme en una sociedad marcada
por demasiadas crisis y derrotas. A lo largo de más de un siglo las
banderas se mantuvieron colgadas y eran un punto habitual que atraía
visitantes extranjeros. En 1850 el alcalde de la ciudad, José
Librero, cedió una de ellas al Museo Naval de Madrid, generándose
posteriormente un proceso de reclamación, ante la intención del
centro madrileño de no devolverlas (2).
En
los primeros años del siglo XX las ideas sobre dónde debían
ubicarse estas banderas fueron tomando fuerza. En 1912 ya había un
debate público sobre la ubicación y conservación de las mismas. El
medio conservador, muy ligado a la Iglesia católica, Gaceta de
Tenerife criticaba desde sus páginas la posibilidad de trasladar
esos elementos y manifestaba que lo que “no
transigimos, ni en principio siquiera, es con que puedan salir de la
Iglesia las banderas que recuerdan tan glorioso triunfo” (3). Los
sectores republicanos y progresistas de la ciudad llevaban tiempo
demandando una mejor ubicación de estas enseñas, que no generara un
deterioro o una pérdida de las mismas y ese debate había llegado al
salón de plenos chicharrero.
En
1914 una mayoría del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya
planteaba conservar esos elementos en el Museo municipal. La
respuesta de la jerarquía eclesiástica fue inmediata, trasladándose
ante el pleno “una comunicación del Párroco de la Concepción
manifestando que no puede entregar las banderas de Nelson” (3) sin
la autorización del Obispo. El republicano palmero, concejal del
Ayuntamiento capitalino, Mario Arozena, fue una de las primeras voces
políticas en solicitar en el salón de plenos el traslado de las
banderas al Museo (4), idea que apoyaron otros ediles. Esa propuesta
se dilató en el tiempo por el escaso interés del Gobierno civil y
el Cabildo en la materia, que no puso el menor reparo a la hora de
proteger los intereses de la Iglesia.
En
este proceso intervino el exalcalde conservador, Anselmo de Miranda,
que había interpuesto un recurso contra la propuesta de traslado, a
pesar de que en 1893 había reconocido el riesgo que corrían las
banderas en su ubicación (5).
La
prensa más tradicionalista tomó un papel muy activo en esta
polémica, llegando a encargar un informe jurídico sobre el derecho
de la Iglesia a conservar esos elementos. En un tono abiertamente
militante afirmaban que “Si alguien puede alegar ese derecho son
los bravos soldados que las compraron al precio de su sangre; pero el
Ayuntamiento nunca, porque aún en el caso de que tuvieran los
señores concejales el valor necesario para ponerse ante los cañones
ingleses, que lo dudamos (…) mal podrán demostrarlo cuando estaban
todavía en la nada” (6). Uno de sus argumentos era que en esa
época no se había creado todavía el Ayuntamiento de Santa Cruz,
con lo que estos bienes no pertenecía a Santa Cruz, algo que hizo
que el Ayuntamiento de La Laguna se interesara por la posibilidad de
que las banderas les pertenecieran, al ser el espacio municipal que
existía en 1797 (7). La respuesta de los medios republicanos fue
igualmente contundente, es el caso de la Voz de Tenerife, que
responde al “papel clerical” afirmando que “la parroquia de la
Concepción carece de fundamento alguno para retener en su poderío
que no conquistara ni adquiriera con sangre frailuna ni con el dinero
de las benditas ánimas del purgatorio” (8).
La
labor de demanda del traslado de las insignias británicas siguió
saliendo en la prensa en los siguientes años, siendo uno de los
portavoces de esa demanda el abogado y concejal republicano, Andrés
Orozco, que llegaría a la alcaldía en 1922.
Con
la proclamación de la II República la polémica sobre la ubicación
y conservación de las banderas se retoma en la prensa y en el salón
de plenos municipal. El semanario de izquierdas Proa decía en 1932
que “nos parece que esas banderas deben ser sacadas de aquel lugar
para trasladarlas al Museo, que, tan majo nos lo están poniendo”
(9). El 30 de diciembre del mismo año La Prensa publicó un extenso
texto de Teodoro de Anasagasti, miembro de la Academia de las Bellas
Artes de San Fernando, en el que alerta del riesgo de conservación
de las banderas y explica que al visitar la iglesia, “hicimos notar
—no en balde hemos andado en estos trotes profesionales, y el señor
cura asintió ante la observación— aquellas banderas pueden
desaparecer en un fuego el día que menos se espere” (10). Las
palabras del experto tuvieron eco en la alcaldía, que días después
de su publicación mostró su preocupación por las malas condiciones
de seguridad y donde “intervinieron los señores Calzadilla,
Fernaud, García Martín y Ramírez Vizcaya, se acordó que el
alcalde se dirija al Obispo de la Diócesis, exponiéndole el deseo
del Ayuntamiento, en el sentido de que dichos trofeos sean entregados
al Municipio” (11).
En
febrero de 1933 el debate vuelve al pleno donde se plantea la
necesidad de mejorar el museo municipal e incluso crear un museo
provincial donde estos elementos patrimoniales pudieran ser parte de
la exposición. En ese debate se “...aprobó una propuesta del
señor Ramírez Vizcaya, para gestionar de la Superioridad se dé
carácter provincial al actual Museo, creando una sección
arqueológica, en la que se podrían conservar dichos trofeos”
(12). A pesar de lo manifestado, poco o nada se avanzó en esta
materia, al menos hasta que el Frente Popular logró una mayoría
suficiente en febrero de 1936.
Con
la alcaldía de José Carlos Schwartz, en la sesión del 14 de mayo,
“el secretario dio lectura a un oficio de la Junta Insular de
Turismo, en el que dice que a propuesta del señor Martín Albertos
acordó aquella entidad interesar del Ayuntamiento sean trasladadas
al Museo las banderas de Nelson”. En la misma sesión el concejal
Francisco González Trujillo, ya mencionado, llegó a expresar que
“esas banderas fueron arrebatadas a Nelson, y nosotros se la
arrebataremos al cura de la Concepción. Yo estoy dispuesto a ir a
buscarlas”(13). Como veremos ahora no quedaron en el olvido de los
golpistas esas frases.
Los
sectores reaccionarios quisieron convertir acciones como esta en su
caballo de batalla ideológica. La situación había desembocado
incluso en el uso de la Parroquia de la Concepción como sede de
reuniones de grupos que ya preparaban el golpe militar. Así lo
expresó en el salón de plenos el concejal socialista, Pedro García
Cabrera, que, ante el debate sobre la asistencia de un notario al
acto de entrega de las enseñas, afirmó con ironía que “está
conforme conque vaya un notario, pero para dar fe de las reuniones
fascistas que se celebran en la citada iglesia, alentadas por
personas que quieren alzarse contra el Poder civil” (14).
La
entrega de las banderas no estuvo exenta de polémica. Según Gaceta
de Tenerife, a las cuatro de la tarde del 30 de mayo “los señores
González Trujillo, Mingorance, Alonso Rodríguez, el secretario del
Ayuntamiento señor Fumagallo. y el encargado del Museo municipal,
señor Tarquis, se trasladaron a la parroquia de La Concepción paira
incautarse de las dos banderas inglesas y las dos españolas
depositadas en la misma desde el año 1797 y trasladarlas al Museo
municipal” (15). Como vemos, el acto fue tan significado que el
diputado y periodista, Elfidio Alonso Rodríguez, quiso estar
presente en el mismo. El traslado al Museo no finalizó el proceso,
ya que en el mes de junio se pidieron fondos para dotarse de unas
vitrinas más adecuadas y mejorar la posibilidad de conocer estos
elementos (16).
Las
nuevas autoridades franquistas no dejaron pasar este suceso. Algunos
de los protagonistas centrales del traslado de las banderas fueron
detenidos. Francisco González Trujillo ingresó en la Prisión
Provincial el 23 de julio de 1936, donde permaneció hasta el día 8
de agosto, cuando por una enfermedad grave pasó a detención
domiciliaria, siendo detenido nuevamente el 17 de marzo de 1937 y
puesto en libertad en los primeros meses de 1939. En su expediente
pesaron dos sucesos, además de su pertencia a la Logia Añaza. Uno,
su denuncia contra las actitudes de Franco en la jornada del primero
de mayo de 1936, y el segundo el traslado de las banderas de Nelson
(17). A Nicolás Mingorance lo detuvieron también, ordenando su
deportación a Villacisneros en agosto de ese año.
Informe del Párroco de La Concepción en el expediente de Responsabilidades Políticas 64/1939
Seis
meses duró la permanencia en el espacio laico de estas antiguas
banderas. En noviembre de 1936 el coronel golpista, Teódulo González
Peral, nombrado
jefe de Estado Mayor de la Comandancia General de Canarias,
anunció que retornarían al templo capitalino, “de donde nunca
debieron salir por "respeto a la voluntad" de los que tan
gloriosamente las conquistaron” (18). Se quería hacer coincidir
este acontecimiento con la visita de la Virgen de Candelaria,
añadiendo otro elemento simbólico al mismo.
La
dictadura dio pie a un nuevo periodo donde la Iglesia vuelve a acoger
estos bienes, situación que apenas varió en más de medio siglo. En
esta suma de décadas solo dos fechas rompieron la dinámica, una en
enero de 1977, cuando un grupo del MPAIAC las sacó de la iglesia
como parte de una acción de propaganda, y la segunda en 1988, cuando
el pleno de Santa Cruz tomó acuerdo de ratificación por el que se
decidió el traslado “temporal” de las insignias al Museo Militar
de Almeyda (19), donde permanecen desde esa fecha en mejores
condiciones de conservación.
Este
episodio marcó una época donde el debate entre lo público y lo
privado, lo laico y lo religioso estaba más que vivo. Los símbolos
sumaban para los sectores tradicionales y también para aquellos que
cuestionaban en viejo orden político y social. Hoy, aunque sea por
la puerta de atrás y quitando ese elemento de laicidad, las banderas
se conservan en un espacio museístico, aunque mucho se podría
hablar de su mantenimiento y correcta contextualización. Más vale
tarde que nunca.
Fuentes
consultadas
Informe
del párroco Luis María de Eguiraun Corcura de 2 de septiembre de
1939. Expediente proceso de Responsabilidades Políticas número
64/1939. AHPLP.
Padrino
Barrera, José Manuel. Los
exvotos en Tenerife. Vestigios materiales como expresión de lo
prodigioso (y III). Revista de Historia Canaria, nº198 año 2016 pp
47-48
Gaceta
de Tenerife. 27 de julio de 1912. p1
El
Progreso. 6 de febrero de 1914. p2
El
Progreso. 5 de mayo de 1914. p1
Gaceta
de Tenerife. 11 de mayo de 1915. p1
La
Opinión. 4 de junio de 1915. p2
La
Voz de Tenerife. 18 de mayo de 1915. p1
Proa.
6 de febrero de 1932. p3
La
Prensa. 30 de diciembre de 1932. p1
La
Prensa. 5 de enero de 1933. p5
La
Prensa. 2 de febrero de 1933. p5
La
Prensa. 15 de mayo de 1936. p1
La
Prensa. 28 de mayo de 1936. p1
Gaceta
de Tenerife. 31 de mayo de 1936. p5
La
Prensa. 11 de junio de 1936. p1
Expediente
proceso de Responsabilidades Políticas número 64/1939. AHPLP.
La
Prensa. 10 de noviembre de 1936. p7
AMSCT.
Libro de actas del 22 de abril a 16 de septiembre de 1988. Pleno 17
de junio de 1988. punto 31. pp 64 y 64bis
