Los testimonios de estos sucesos son numerosos en investigaciones y archivos. La imagen que uso como cabecera trata de recrear lo sucedido en octubre de 1936, cuando se saqueó y quemó buena parte de la biblioteca familiar y los archivos personales del diputado republicano, Luis Rodríguez Figueroa, al lado de la iglesia de La Concepción en La Laguna.
Como indica la investigadora Ana Martínez Rus, apenas quince días después del golpe militar el periódico falangista ¡Arriba España!, impreso en Pamplona, incitaba a la destrucción de libros: “¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas. ¡Camarada! ¡Por Dios y por la patria!”.
Los libros, el acceso a la cultura, las bibliotecas populares, fueron algunos de los caballos de batalla centrales de la II República. Partidos, sindicatos, asociaciones culturales ligadas a la izquierda, trabajaron desde el principio para lograr locales donde tener bibliotecas abiertas al público y enseñar a leer. El Centro de Estudios Sociales anarquista, la Juventud Republicana o la Logia Añaza, en Tenerife, fueron espacios que ofrecían ese acceso a la cultura. Trataban de romper con siglos donde el acceso a la cultura ilustrada estaba pensada solo para una minoría.
Las derechas, ayer como hoy, han visto en la cultura un enemigo peligroso. El odio que necesitan solo se puede construir sobre relatos heroicos del pasado y una sociedad incapaz de realizar autocrítica. El falangista de la SEU, Jesús Blesa explicaba su visión en el diario Amanecer en octubre de 1936, asegurando que ya desde la campaña electoral de enero de 1936 habían prometido esas prácticas. Ahora, en los territorios en manos franquistas, aseguraba que “...los estudiantes nacional-sindicalistas, convencidos de que el libro es la gran arma moderna, pediremos y exigiremos libros buenos, libros patriotas, que nos hablen de Dios y del destino imperial de España. Sólo con estos libros —nuestras armas futuras— nos podremos defender contra la ponzoña del marxismo internacional. Y con los libros marxistas y demás comparsa lo que tenemos que hacer es echarlos a las hogueras, para que así se destruya todo el veneno que llevan dentro”.
La misma lógica siguieron otros, como el brutal Queipo de Llano en Sevilla, que en septiembre y diciembre de 1936 publicó bandos donde acusaba a marxistas y judíos de la propagación de “ideas peligrosas” en los libros, por lo que ordenaba a sus patrullas requisar esas publicaciones. El ayuntamiento de la capital tinerfeña fue aplicado en esa misma tarea. El 11 de septiembre de 1936 en La Prensa que “el director de la Biblioteca municipal remite a la Alcaldía una relación de los libros marxistas y comunistas que existen en aquel establecimiento”. Preparaban el terreno para los futuros autos de fe.
Esa ansia de destruir libros se hizo evidente desde el día siguiente del golpe militar. Uno de los primeros objetivos militares fue la librería que regentaba el poeta chicharrero Domingo López Torres, situada en los bajos del antiguo Hotel Orotava de la capital. El Archivo Intermedio Militar de Canarias conserva el expediente en el que se detalla la incautación de sus fondos. La lista ejemplifica con rigor, “...dos ejemplares de la internacional comunista, nueve ejemplares de paz libertad y justicia, reparto de tierras un ejemplar, dos ejemplares manual de la nueva Rusia, la revolución moderna juventud un ejemplar, el porqué se calumnia a Azaña un ejemplar, trece ejemplares repartos de tierra, la revolución en la escuela, un ejemplar, la revolución en la moderna juventud...”.
Igual que con los desaparecidos, a los actos “espontáneos” los sustituyeron rápido con un aparato burocrático organizado. Un bando de Teódulo González Peral, coronel comandante militar de Tenerife, ordenaba desde el 3 de septiembre de 1936 que “dentro del plazo de tres días a partir de la publicación (...) todos los poseedores de libros, folletos, revistas, periódicos u otros elementos de propaganda marxista, comunista o anarquista y pornográfico procederán a la destrucción completa de las mismas”. Se acompañaba de una advertencia, a quienes no cumplieran, que serían sancionados como autores “de un delito de desobediencia grave a la Autoridad y entregados a los Tribunales competentes para su castigo”. Un mes después, el coronel del Regimiento de Infantería Tenerife Nº38 de Santa Cruz de Tenerife ordenó incautar la mesa de billar que tenían en la sede de Juventud Republicana y además, “...los libros que también existen en dicha Sociedad deberán ser entregados en esta Comandancia General, para su clasificación y ulterior destino”.
El mismo proceso se había vivido en otros lugares. Parte de la biblioteca de la sociedad Juventud Ideal de Santa Cruz de La Palma fue quemada nada más llegar los golpistas a la Isla. Igual destino sufrieron parte de los fondos del Museo Canario y muchas bibliotecas particulares y fondos de las librerías, amenazadas con el cierre y con sanciones de hasta diez mil pesetas. A partir del decreto franquista de 23 de diciembre de 1936, todo fue más sistemático. Se regulaba la producción y comercio de libros, imponiendo grandes restricciones y una estrecha censura. La orden de 16 de septiembre de 1937 aclara lo ya ordenado, creando comisiones de depuración en cada distrito universitario, bajo la presidencia del rector de turno. En La Laguna, José Escobedo, rector responsable de esa comisión, hizo pública una orden en la que pedía “a los señores Bibliotecarios se abstengan de servir a los lectores aquellos volúmenes que a su juicio contuvieren doctrina disolvente en las esferas moral y política”, ya que no habían podido realizar “la depuración ordenada”.
Antonio Castro, el querido y recordado director de la Escuela Montessori en El Toscal, contaba en un documental de memoria sus recuerdos de infancia, con grandes quemas de libros en la plaza de La Candelaria de Santa Cruz, en actos presididos por autoridades militares y religiosas. Otro jovencito de esa época, que llegaría a ser un conocido escritor isleño, le contó a Ricardo García Luis (El Pozo. 2008), como unos hombres vestidos de azul habían llegado a su casa, “sacando libros de Homero, Julio Verne, Víctor Hugo, Balzac, que formaron mi infancia”...estaban encuadernados en rojo, solo eso bastaba para una condena a la hoguera que montaron en la zona de Cueva Roja.
El fin de la situación bélica no moderará este tipo de prácticas. El semanario del centro parroquial de Guía, en Gran Canaria, anuncian en su edición de mayo de 1940 que en la universidad, el sindicato estudiantil de Falange “ha realizarlo un auto de fe, dando al fuego a libros rojos, libros de intención poco clara y también libros ñoños” ya que, “junto con libros marxistas han ardido novelas rosa”. En ese mismo año, el inspector Modesto Rodríguez, dirigía un escrito al Maestro de la Escuela Nacional de niños de Arico el Nuevo. Le pedía la retirada del centro de las obras de una serie de obras de Antonio Machado, Victor Hugo, Benito Pérez Galdós, HG Wells, Blasco Ibáñez o Goethe entre otras, restos de las campañas de bibliotecas escolares de la etapa republicana.
No solo los libros les preocupaban. Incluso en fechas tan próximas como 1972, una exposición de cuadros del pintor Fernando Álamo, en las celdas de la antigua prisión de Paso Alto, provocó que un grupo ultra intentara quemar con gasolina los lienzos, que parecían una crítica velada a la época en que este espacio acogía a decenas de presos republicanos.
Muchas personas optaron por tratar de salvar los libros más queridos o valiosos escondiéndolos. Caridad Pérez recordaba a Ricardo García Luis como la biblioteca que había reunido con su marido, Miguel Gutiérrez, ambos anarquistas, con estanterías llenas de autores y temas prohibidos, la tuvieron que enterrar en una cueva del barranco de Santos, hasta que una avenida de agua se los llevó. Los presos también sufrieron este tipo de situaciones. Juan Rodríguez Doreste recordó como en el penal de Gando estuvo más de un año prohibida la entrada de cualquier libro, “el absurdo veto se prolongó lo suficiente para que nuestra avidez de lectura fuera ya tan considerable, o quizás mayor, que el hambre fisiológica”.
La clandestinidad se convirtió en normalidad. Libros escondidos que pasaban de mano en mano, también libreros, como el palmero anarquista Sixto Juan Concepción, de Santa Cruz de Tenerife, se servían de mil formas de evitar la censura. Antonio Cubillo dejó testimonio de esta experiencia, asegurando que “no había barco que llegase de América o Europa que no trajese un paquete de contrabando de libros”. En muchas casas todavía se conservan discos, periódicos, revistas y libros llegados de esa forma.
Hoy, aparentemente lejos de aquellas hogueras, el debate sobre los límites de la cultura y la circulación de ideas sigue vigente. La historia del bibliocausto canario recuerda que los libros no solo transmiten conocimiento, sino que también pueden convertirse en objeto de disputa política. Su defensa, entonces y ahora, forma parte esencial de cualquier sociedad democrática.
Rubens Ascanio Gómez.
Licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna. Miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife.
Comentarios