Hoy como ayer, la vivienda es un bien de primera necesidad. Un sector de la sociedad se organizaba y trataba de legislar para fomentar el interés general, otro, para defender la propiedad privada y el negocio de unos pocos. Faltaban décadas para actos como las acampadas por la vivienda o el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero gentes con la misma sensibilidad por el bien común salieron a la calle a partir de un desahucio que fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de miles.
En el verano de 1933 miles de personas en Tenerife decidieron parar el mundo para lograr el acceso a una vivienda digna y asequible. Santa Cruz de Tenerife vivió un estallido social con pocos precedentes. Cientos de familias decidieron organizarse en el Sindicato de Inquilinos y promover una huelga de pagos de alquiler que obligara a los grandes propietarios a moverse. Organizaciones anarquistas, comunistas, socialistas, el republicanismo más progresista, las Federaciones Obreras, la CNT... se pusieron al lado de los débiles. Daba igual su militancia o sus ideas, eran familias vulnerables y contaban con el apoyo de colectivos que, una y otra vez, aparecen en la historia contemporánea cuando hay situaciones de violencia estructural contra las personas.
Este episodio, que quedó eclipsado por los acontecimientos de tres años después, constituyó una de las movilizaciones populares más intensas de la II República en las Islas Canarias. Un capítulo de resistencia urbana cuya memoria y cuyos protagonistas pagarían un altísimo precio tras el golpe militar de 1936.
Durante meses, familias trabajadoras y sectores de las clases medias habían denunciado el encarecimiento de los alquileres, las deficientes condiciones higiénicas de muchas casas y la falta de soluciones institucionales. La movilización impulsada por el Sindicato de Inquilinos terminó convirtiéndose en uno de los episodios de protesta social más intensos de la Segunda República en Canarias.
El conflicto no surgió de la noche a la mañana. El crecimiento de la población, especialmente en la capital tinerfeña, había aumentado la presión sobre el mercado de la vivienda. Las medidas destinadas a fomentar las llamadas casas baratas no habían logrado responder a las necesidades existentes. En ese escenario, el acceso a un techo dejó de ser una preocupación exclusivamente doméstica para convertirse en una reivindicación colectiva.
Entre 1920 y 1950 la población urbana de la capital tinerfeña se había multiplicado, con la llegada masiva de personas de municipios agrícolas y de otras Islas. La urbanización poco controlada y en manos de pocas personas creó fenómenos como las ciudadelas y la expansión de las infraviviendas en espacios marginales, como barrancos, laderas o cuevas. La falta de opciones dignas donde vivir y el abuso de los pocos propietarios, disparó los precios de los alquileres. Poco antes de la Dictadura de Primo de Rivera, ya se habían organizado las primeras Ligas de Inquilinos. En la década de los veinte se impulsó la creación de la primera asociación de este tipo, que daría inicio en Gran Canaria. Según el periódico La Prensa de 10 de diciembre de 1922: “...la clase media de Las Palmas, visto que la vivienda está siendo objeto de algo escandaloso, igual que lo ha sido y lo es el alimento humano, acaba de fundar una Liga de Inquilinos. El ejemplo no ha podido producirse con mayor oportunidad para Tenerife, donde también la indefensa clase media está sufriendo toda suerte de abusos y atropellos, sin que valgan protestas ni reclamaciones”. Este movimiento tuvo al frente a figuras referenciales, como Francisco Silvestre Infante o Bartolomé Hernández Acosta, históricos militantes de la CNT, aunque la dictadura de Primo de Rivera logró afectar a su desarrollo.
Con la II República se produjo una efervescencia política y social, añadida a los coletazos de la grave crisis bancaria de 1929. A partir de 1932 el Sindicato de Inquilinos comenzó a reorganizarse, estrechamente vinculada a la Federación Obrera tinerfeña. Tras varias reuniones y dificultades para consolidar la entidad, la organización fue tomando forma y llamó a participar a quienes carecían de vivienda propia y sufrían los abusos que atribuían a propietarios y administradores. Sus asambleas fueron creciendo, mientras la publicación La Voz del Inquilino contribuía a difundir sus reivindicaciones. En apenas dos años el sindicato pasó de unos cientos de socios al inicio de la II República a superar los 3500 socios en la capital de Tenerife.
En 1933, el sindicato fijó una demanda central: reducir un 40 % los alquileres en Santa Cruz y exigir condiciones dignas de higiene en las viviendas. La protesta encontró apoyos entre organizaciones obreras, empleados de comercio, industria y banca, además del importante sector tabaquero. Socialistas y anarcosindicalistas convivían en el movimiento, pese a sus diferencias sobre la estrategia que debía seguirse.
La movilización también buscó una salida negociada. En mayo, los representantes de los inquilinos reclamaron la suspensión de los desahucios, una revisión de los alquileres, la eliminación de intermediarios y una mayor vigilancia sanitaria. El sindicato denunciaba que muchos arrendatarios no podían afrontar los costes de los procedimientos judiciales para revisar sus contratos. Al mismo tiempo, solicitaba la intervención de las autoridades para frenar los abusos y establecer precios considerados justos.
La respuesta de los propietarios, agrupados en la Cámara de la Propiedad Urbana, fue de resistencia. Sus representantes sostenían que no existía una base legal para imponer la rebaja del 40 % y animaban a sus asociados a no ceder. El gobernador civil, Vidal Gil Tirado, trató de mediar y promovió reuniones entre ambas partes, pero no consiguió evitar que la tensión aumentara. Mientras tanto, los procedimientos de desahucio continuaban amenazando a numerosas familias.
El punto de inflexión llegó el miércoles 5 de julio. A las once de la mañana, el desalojo de una familia en el número 62 de la calle Santiago, cuyos muebles fueron sacados a la vía pública, provocó una reacción inmediata. Había otros lanzamientos previstos en distintos puntos de la ciudad, algunos de los cuales fueron suspendidos ante la magnitud de las protestas. La Federación Obrera declaró entonces la huelga general.
La paralización se extendió por Santa Cruz y los manifestantes se movilizaron contra propietarios y administradores. En algunas viviendas, los muebles y las pertenencias fueron arrojados a la calle en una especie de desahucio simbólico. También se registraron daños materiales, incendios en instalaciones industriales, explosiones y ataques contra otros inmuebles. La protesta desbordó así la reivindicación inicial y adquirió una dimensión de conflicto social abierto.
La prensa ofreció interpretaciones muy distintas de aquellos acontecimientos. Gaceta de Tenerife, cercana a los sectores conservadores, puso el acento en los disturbios y los daños a la propiedad. La Prensa, por su parte, reconoció la existencia de un problema social profundo y reclamó una solución pacífica. Las diferencias entre ambos enfoques reflejaban una disputa más amplia sobre las responsabilidades del conflicto y el alcance de las demandas populares.
El 6 de julio comenzaron las detenciones de integrantes del Sindicato de Inquilinos y de la Federación Obrera. Las autoridades clausuraron locales sindicales, intervinieron la Imprenta Obrera y prohibieron un mitin convocado en la plaza de toros, que terminó con cargas de la Guardia Civil y nuevos arrestos. El gobernador civil aseguró que, con el apoyo del Ejército, había conseguido controlar la situación. El Archivo Militar de Guadalajara conserva un documento de ese mismo día que informa del traslado a prisión de Paso Alto de militantes de la CNT y el PCE como Juan Pedro Ascanio, Antonio Espinosa, Leocadio Valentín Toledo, Juan Arvelo Hernández, Manuel Pérez González, José Tavío Rodríguez, José Hernández Morales, Manuel Morales García, Francisco González Marcelino. Antonio Hernández Merino, Florencio Pérez Rodríguez, Andrés Diaz Antequera, Antonio Sanz Vilans, Antonio Ramos Fuentes, Agustín Ramos Diaz, Vicente del Castillo Gutiérrez, José Noda Domínguez, Benigno Rodríguez Núñez, Juan Darias García, Heriberto Herrera González y Francisco Rodríguez. La huelga concluyó el día 7, pero sus consecuencias se prolongaron durante semanas.
Los enfrentamientos también alimentaron una intensa batalla política y periodística. Desde las páginas de Gaceta de Tenerife, artículos firmados bajo el seudónimo «Juan de Tenerife» atacaron al movimiento obrero y presentaron la protesta como una amenaza para el orden republicano. Frente a esas críticas, los dirigentes sindicales defendieron su actuación y denunciaron que las autoridades habían ignorado durante meses el problema de la vivienda.
La huelga no consiguió la rebaja generalizada de los alquileres que reclamaba el sindicato, aunque si permitió acuerdos para determinados casos y evitar desahucios. Sus resultados materiales fueron limitados, aunque logró colocar la carestía de la vivienda en el centro del debate público. La represión, las detenciones y el cierre de locales debilitaron la organización, que no recuperaría parte de su actividad hasta 1936. En esa fecha vemos listados de beneficiarios de mejoras. Entre las 40 personas del listado la media de rebaja de los alquileres estaba en el 31,8%, bastante sustancial para el momento.
Uno de los efectos de esta lucha fue una apuesta de la capital por lograr nuevos espacios para urbanizar. La II República dio forma a las parcelaciones que darían lugar a barrio de la Salud Bajo, El Ramonal, Camino del Hierro, Vistabella, Cruz del Señor, Sosa Perdomo, Finca Ramos, Villa Benítez, Valleseco o Las Cabritas.
El 18 de julio de 1936, igual que cuando se producía un desahucio, muchos de sus miembros acudieron a defender la democracia ante el golpe militar. Como cuenta Ramiro Rivas, miembros de la directiva del sindicato estuvieron ante el Gobierno Civil de Santa Cruz. Se encuentran allí Eugenio Rodríguez Castellanos, Cristino de Armas Fernández y Vicente Hormiga Mederos, donde encuentran a Francisco Sosa Castilla, presidente del Sindicato, y al director de la Voz del Inquilino, Tomás Salinas Espinosa.
La mayoría de los dirigentes y militantes del Sindicato fueron encarcelados, deportados o asesinados. Otros quedaron en el punto de mira de los golpistas durante las siguientes cuatro décadas. La violencia fue extrema con sus caras más visibles. Francisco Sosa Castilla fue fusilado el 13 de octubre de 1936, en apenas unas horas se cumplirán noventa años de ello; Vicente Hormiga fue asesinado y desaparecido, lo mismo le pasó a Cristino de Armas, concejal socialista lagunero.
La huelga de 1933 fue, por tanto, mucho más que una disputa por el precio de los alquileres. Expuso las dificultades de acceso a la vivienda, las limitaciones de la respuesta institucional y la creciente polarización política de la sociedad tinerfeña. También dejó al descubierto el coste que podían pagar quienes convertían una necesidad cotidiana —tener un hogar digno— en una causa colectiva. Esa lucha, como la de ahora, merece un justo recuerdo y homenaje.
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