Entre 6
y el 12 de mayo de 1982 el alcalde Pedro González y catorce concejales del
Consistorio, de los grupos políticos del PSOE, Unión del Pueblo Canario, PCE y
Asamblea Lagunera, junto a un miembro de UCD, realizaron un encierro y una
huelga de hambre en las dependencias del Ayuntamiento durante seis días, en
protesta contra el emplazamiento del vertedero de Montaña del Aire en nuestro
municipio. La semana pasada se cumplieron cuarenta años de ese importante
acontecimiento, uno de los más recordados de los primeros años de la etapa
democrática en nuestro municipio.
La isla
de Tenerife vivía en ese momento una situación muy complicada. El 1 de mayo de
1982 se debía aplicar el cierre del vertedero del Lazareto de Santa Cruz, que
tras muchos años de uso había alcanzado más de
Desde el
verano de 1981 se empezó a intensificar la polémica sobre el riesgo que suponía
el nuevo vertedero previsto, no sólo en el medio ambiente o el agua, también
por su efecto para el tráfico aéreo por la "concentración de aves atraídas
por los vertidos" (2).
El PCE
fue de los primeros grupos políticos en preguntar por la situación del futuro
vertedero insular. A finales de 1981 el grupo parlamentario comunista en el
Congreso trasladó una pregunta sobre la peligrosidad del proyecto, celebrando
su secretario insular, Nicolás Pérez, que sus criterios fueran compartidos por
la Junta de Canarias, calificando el vertedero como "insalubre y
peligroso". Además recordó que el PSOE había cambiando de opinión sobre
esta polémica infraestructura, aludiendo a unas declaraciones del dirigente
socialista, Antonio Martinón, donde se cuestionaba la misma (3).
En marzo
de 1982 la Coordinadora de Alcaldes de Tenerife se reunió en La Laguna,
apoyando por mayoría que Montaña del Aire fuera la "solución provisional
al anunciado cierre del Lazareto" en el que quince municipios vertían en
ese momento 800 toneladas de basura y que debía cerrarse el primero de mayo de
ese año (4).
Los
concejales de UPC y PCE en el Ayuntamiento de Santa Cruz también manifestaron
su rechazo a este proyecto, señalando que el Gobernador Civil actuaba como
"militante disciplinario de su partido, la UCD, con el triste objeto de
salvar la imagen de sus compañeros de partido, Hermoso y Galván Bello, alcalde
de la capital y presidente del Cabildo" (5). Recordemos que ambos
políticos habían pasado de ser mandos del anterior régimen a políticos de la
UCD y posteriormente fundadores de ATI y su continuidad, Coalición Canaria.
El 3 de
mayo el Gobernador Civil, Jesús Javier Rebollo, aplica, al amparo de la Ley
General de Sanidad de ese momento, la apertura oficial de Montaña del Aire como
principal vertedero insular. El 6 de mayo el Ayuntamiento, con un gobierno de
izquierdas formado por PSOE, UPC, PCE y Asamblea Lagunera, optan por pedir el
cierre del mismo por carecer de licencia municipal. Además se acuerda clausurar
de inmediato el depósito de agua de la zona por el riesgo de contaminación por
filtraciones procedentes de los restos de basura. Tras dos intentos
infructuosos de cerrar la instalación, la Corporación toma el acuerdo de
iniciar un encierro en el Ayuntamiento acompañado de una huelga de hambre, con
la intención clara de forzar a negociar al Gobernador Civil (6).
El
alcalde Pedro González declaró a las 24 horas del inicio de la acción de
protesta "mi pueblo ha sido burlado, avasallado y pisoteado por el
Gobierno y por la UCD" y en nombre de los otros catorce concejales en
huelga manifestó su "deber moral" de ejercer esta forma de protesta
(7).
El 11 de
mayo continuaron las protestas y también numerosas acciones vecinales de apoyo.
El equipo médico que seguía las constantes vitales de los huelguistas manifestó
su preocupación por el estado de Pedro González, con 54 años en aquel momento,
y de otros dos concejales. Ese mismo día el movimiento ciudadano convoca para
el jueves 13 de mayo una huelga general en la Isla, en la que además del cierre
de Montaña del Aire se pide el cese del Gobernador Civil (8).
El 12 de
mayo el Pleno de Cabildo vive una de las sesiones más complejas de su historia.
Los vecinos y vecinas habían acudido "en masa" para abordar la
necesidad de un Pacto Insular sobre los vertidos. A priori no era una decisión
fácil de tomar, pero tras varias horas de trabajo se logró un acuerdo entre
UCD, PSOE, PCE, CD y UPC que permitió que ese mismo día se levantara la huelga
(9).
Las
acciones institucionales no pararon desde ese momento. Los Silos ofreció suelo
para ubicar un vertedero legal, igual que Santa Cruz de Tenerife (10). El
Cabildo apostó poco después por la costa de Güímar como vertedero provisional
(11).
Durante
varios meses más continuarían las acciones de los afectados por el vertedero
(12)(13), también tras el cambio de Gobierno estatal producido en las
elecciones generales de 1982. Todo este intenso proceso de protesta y lucha sin
duda ayudó a abrir un necesario debate insular sobre el futuro de los residuos
y hacer un mejor uso de los mismos, una gestión sostenible que nunca acaba de
llegar del todo.
Fuentes:
