Miguel Ángel Cabrera Acosta, en
su obra clave, La II República en las Canarias Occidentales, dedica varias
páginas a este episodio, vinculándolo con el rápido crecimiento poblacional, en
especial de la población de la capital tinerfeña, y el escaso efecto de la Ley
de Casas Baratas, que ayudó a la rápida toma de conciencia de un colectivo que
iba desde la clase obreras a sectores “pequeño burgueses en función de sus
ingresos y estatus sociolaboral” (1).
Los medios periodísticos del
momento dan cuenta del resurgir del Sindicato de Inquilinos, estrechamente
ligado a la Federación Obrera tinerfeña, tras la paulatina desaparición de la
anterior Liga de Inquilinos en la década de los veinte. En el mes de marzo de
1932 se dan los primeros pasos de su conformación, con la redacción de un
reglamento que regirá el inicio de esta organización. El cine de la Paz, a las
ocho de la noche del 5 de abril de ese año, acogió la primera reunión pública
(2). Tras este proceso y darse de alta en el Gobierno Civil el 28 de abril de
1932 se procede, en el mismo cine, a formar la Junta Directiva de la entidad
(3), que tras aprobarse sus estatutos en el mes de mayo, celebran una sesión constituyente
en el mismo lugar de anteriores sesiones, el 28 de agosto. No es un proceso
ágil y sencillo, queda claro cuando en esa reunión manifiestan que “causas
ajenas a nuestra voluntad, de una parte, y de otra quizá una falta de energía y
decisión, para colocarnos frente a nuestros enemigos, nos han privado de tener
ya constituido el Sindicato”, dirigiendo un claro llamamiento a la
participación de “los que carecéis de casa propia, a los que sois vilmente explotados
por los caseros y sus administradores” (4).
El uno de septiembre se da a
conocer en la prensa escrita la nueva directiva, “elegida por aclamación”, presidida
por Manuel Pinto Santana, como tesorero, Sixto P. Concepción, Rosendo
Rodríguez, como contador, Manuel Pérez Hernández como secretario, Francisco
Reyes como vicesecretario y los vocales, Rafael Clavijo, Antonio Hernández, Agustín
Estévez, Antonio Fortuny, Miguel Morales Cabrera y Gregorio Febles (5),
mandando un agradecimiento a las distintas cabeceras periodísticas locales “por
la ayuda que no dudamos han de concedernos” en la difusión de su labor (6). Ellos
y los posteriores integrantes de la misma, así como los miembros más activos
del Sindicato, serán objeto de especial saña en la represión que se desata tras
las jornadas más duras de esta lucha, y de forma mucho más extrema
inmediatamente después del golpe militar.
Apenas unas semanas después se
vuelven a celebrar dos juntas generales del Sindicato, una el 16 y otra el 30
de octubre, la primera tiene como marco nuevamente en el Cine Victoria y la
segunda en el Cine Toscal. En ambas se abordan las necesidades de incorporar
cargos vacantes y el seguimiento de los puntos tratados en anteriores encuentros
(7)(8).
El semanario Actualidades,
editado en la capital tinerfeña, recoge la conformación definitiva del
Sindicato y el manifiesto público, que describen como “una hoja impresa que ha
sido entregada a numerosas personas, sin que podamos afirmar que todas esas
personas han llegado a prestarles la más superficial atención”, en la que su
directiva establecía una declaración de intenciones del trabajo a realizar. El
medio local estima que “El Sindicato de Inquilinos, que ahora nace, ha de ser,
la representación de todos los arrendatarios de viviendas para todos los efectos.
Él ha de atender, desde un principio, todas las indicaciones, y comenzar
atendiendo las demandas que todos harán de una revisión sobre los alquileres
que perciben, siguiendo cuanto hemos indicado varias veces, superficialmente,
para lograr una perfecta nivelación”, señalando de la misma manera que esta
realidad de la escasez de vivienda y sus altos precios la habían estado comentando
en ocasiones anteriores en dicho medio (9).
El día 1 de noviembre en las
páginas de La Prensa se relata la asamblea general celebrada el día anterior, que
describen como “muy concurrida”. En ella Ricardo Ferrada ejerce de secretario, ofreciendo
a los presentes “un largo y documentado discurso, dio cuenta de la marcha de la
sociedad y del estado de los asuntos que tiene planteados, atacando duramente a
los caseros y administradores”. En esa misma sesión se propuso crear una caja
de resistencia para “litigios” (10). Además, se produjeron encendidas
intervenciones de militantes de la izquierda tinerfeña que promueven la
suspensión del pago de alquileres, caso de Francisco Silvestre Infante, líder de
la anterior Liga de Inquilinos que fue sometido a consejo de guerra en abril de
1932 por “insultos al Ejército por medio de la imprenta” (11). Sea como sea, el
éxito de las asambleas hace que se incremente la acción del Sindicato de
Inquilinos, que también cuenta con su propio medio, La Voz del Inquilino, órgano
de expresión iniciado en 1932 y, tras una pausa, recuperado apenas siete días
antes del golpe de 1936.
A finales de ese mes se convoca un gran mitin en el Cine San Sebastián de la capital. La fecha señalada es el 27 de noviembre a las diez y media de la mañana, acto en el que interviene nuevamente Ricardo Ferrada, que ejercerá de presidente del Sindicato poco después, acompañado del mencionado Francisco Silvestre, Manuel Pérez y José Rial, este último vinculado a la UGT, (12), combinando en este caso las almas anarcosindicalistas y socialistas, que convivían con ciertas tensiones estratégicas dentro de la entidad en ese momento.
En el año 1933 se refuerza de
forma muy significativa la labor del Sindicato de Inquilinos. La situación económica
de crisis y la existencia de un año electoral importante, sin duda sumó nuevas
energías a los distintos ámbitos sociales y políticos del momento. La demanda era
clara, reducir un 40% los costes de los alquileres en la capital tinerfeña y además,
cumplir con las debidas condiciones de higiene de las viviendas y atender a la
falta de la misma. Para este fin el Sindicato entabla una serie de encuentros y
comunicaciones con asociaciones y colectivos afines. Es el caso de la Asociación General de Empleados de Comercio, Industria y
Banca, de tendencia socialista, que aborda en varios momentos la
problemática de la carestía de la vivienda y las demandas del Sindicato,
acordando “por unanimidad” el paro propuesto desde el Sindicato de Inquilinos (13).
A finales de mayo se publica un
escrito firmado por Juan Artiles, implicado en las movilizaciones portuarias
del año anterior y detenido por ello, “como arrendatario y como organizador del
Sindicato de Inquilinos” en el que responde a un escrito de la Cámara de la
Propiedad Urbana. En el comunicado señala que “los arrendatarios de la capital que
han cerrado sus bolsillos”, sin responder a la demanda de reducir el 40% de los
alquileres, demanda nacida de una de las asambleas del Sindicato, “por estimar
esta que no existe causa alguna que justifique el alza tan escandalosa que han
experimentado los alquileres desde unos años a esta parte”. Además añade que cree
que “la prensa local, que hasta la fecha ha permanecido indiferente ante este
conflicto que tan hondamente afecta a los trabajadores de blusa y muy
particularmente a la bien o mal llamada “clase media”, debe intervenir,
haciéndolo sincera y honradamente” (14). Sin duda entienden que un conflicto
que trascienda a la clase obrera tendría un mayor eco en los medios burgueses y
pequeñoburgueses del momento, llegando con ello a sectores de población menos cercanos
a los postulados sindicales.
A las cuatro y media de la tarde
del lunes 22 de mayo el Sindicato de Inquilinos vuelve a desarrollar un mitin
en el cine San Sebastián de Santa Cruz, en el que intervinieron Ricardo Ferrada,
Bernardino Afonso, José Rial, José Pérez y Nicolás Mingorance (15), este último
miembro de la Asociación General de Empleados de
Comercio, Industria y Banca, vinculado con el Partido Socialista y la UGT, que
en 1936 sería concejal chicarrero por el Frente Popular (16).
Las demandas manifestadas en el
mitin son claras y unánimes, además de sorprendentemente vigentes. Proponen que
se nombre un juez especial para “perseguir el esclarecimiento de las anomalías
que pudieran existir en determinados juicios de desahucio y revisión de alquileres,
celebrados en el Juzgado municipal de esta capital. Que entretanto no recaiga
resolución del mencionado juez especial, queden en suspenso las sentencias y
juicios de desahucio que como resultado de la huelga de inquilinos están
pendientes de, tramitación”. Igualmente reclaman la intervención de las
autoridades “para evitar los constantes atropellos, tanto morales como
materiales, de que están siendo víctimas los Inquilinos por parte de los
propietarios, administradores y realquiladores”. También reclaman la “supresión
absoluta de todos los intermediarios entre propietarios e inquilinos, cuyas
ganancias indebidas han contribuido enormemente a agudizar el problema de la
vivienda”. Al mismo tiempo reclaman el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 10 y 13 del decreto sobre alquileres de 29 de diciembre de 1931, obligando
a los propietarios a devolver “todos los meses que tengamos en fondo y que
excedan del único mes que taxativamente establece la citada disposición,
suprimiendo en absoluto el fiador”. La situación de las viviendas alquiladas es
también objeto de acuerdo, al entender desde la organización sindical que no se
estaban controlando en absoluto las condiciones de higiene de estas y “la
responsabilidad en que haya incurrido el Ayuntamiento por la no cumplimentación
de los reiterados oficios sobre ejecución de obras de saneamiento que recibe de
la Junta provincial de Higiene”. Finalmente también propusieron una Comisión “integrada
por un número igual de propietarios e inquilinos, presidida por el gobernador
civil para que con los datos oficiales a la vista fije los alquileres de las
viviendas ilegalmente aumentados”, señalando que muchos propietarios no estaban
al día con sus obligaciones con la Hacienda (17).
El mitin se desarrolla con un
gran éxito de público, quedándose gente en el exterior de un recinto abarrotado.
Ferrada explicó las dificultades para celebrar ese mitin y ofreció datos
contundentes sobre la importancia de esta movilización, afirmando que “actualmente
son un ochenta por ciento los inquilinos que están en huelga, pidiendo una
rebaja de un 40 por ciento en los alquileres”. Bernardino Afonso, representando
a la Federación Obrera, se refirió a varios casos de desahucios en La Laguna y
de la “manera trágica de vivir en las ciudadelas”, reclamando la entrega de dos
edificios públicos sin uso “que son del pueblo”. Por su parte, José Rial,
indicó que “hace seis meses eran solo 200 afiliados a la Liga de Inquilinos y
que hoy son unos 3500 y que son también las mujeres, lo que conforta e incita
la lucha”. Con esta convocatoria pararon todos los oficios de la capital tinerfeña
de cuatro a seis de la tarde, en contra de lo acordado por el Círculo
Mercantil, que amenazó con sancionar a los asistentes. El documento de acuerdo
es firmado por Manuel Pinto, Ricardo Ferrada, Bernardino Afonso, Nicolás
Mingorance y Manuel Pérez, siendo una comisión la responsable de trasladar al
Gobernador Civil las conclusiones y los acuerdos adoptados, ya que “por causas
justificadas había prohibido la manifestación proyectada” (18).
Estamos ya en los prolegómenos
del gran momento de movilización popular. Mientras eso sucede más
organizaciones vinculadas a la Federación Obrera se suman al impulso de la huelga,
como la ya mencionada Asociación General de Empleados de Comercio, Industria y
Banca y en el mes de mayo también el importante Sindicato de Tabaqueros, con
cientos de trabajadores y trabajadoras en la zona metropolitana de Tenerife. Este
espacio sindical añadirá a sus propias reivindicaciones las ya expresadas por el
Sindicato de Inquilinos, durante el mitin que celebran el 29 de mayo en el
Teatro Guimerá de Santa Cruz, donde Ferrada expone la situación de la huelga de
alquileres (19).
El 30 de junio se celebra un
nuevo y exitoso mitin, esta vez en el Cine Victoria de la capital tinerfeña. En
el acto hicieron uso de la palabra “el señor Infante, Pinto y el secretario de
la Confederación Regional del Trabajo, don Manuel Pérez, que atacaron duramente
a los caseros, intermediarlos y administradores de esta Capital, por la
carestía de la vivienda y por negarse a pactar con el Sindicato de Inquilinos”.
Al finalizar el mismo una manifestación partió del cine hasta la plaza de la
República (la actual plaza de España), siendo disuelta sin incidentes por las
fuerzas del orden y sin que los recibiera el Gobernador Civil (23).
El mes de julio de 1933 será el
momento álgido de esta lucha social, siendo los desahucios previstos el elemento
central de las movilizaciones. En su primer año de refundación, el Sindicato de
Inquilinos logró mantener el equilibrio entre los distintos sectores y
sensibilidades existentes en su interior, en especial los ugetistas y
cenetistas, con discrepancias en la beligerancia de la estrategia. El profesor
Cabrera Acosta recoge esta situación en su obra, donde plasma fragmentos en
referencia a las tensiones, donde pesar
de “ese minoritario sector que se retrae de la lucha, podemos afirmar que la
unidad perdura, socialistas y anarquistas marchan de la mano y el proletariado
logra arrastrar tras de si a la parte de la pequeña burguesía interesada en una
disminución de los alquileres” (24).
El miércoles 5 a las once de la
mañana se desata toda la energía popular, tras los largos meses de movilizaciones
y los intentos frustrados de negociación. La noticia de un desahucio en el
número 62 de la chicharrera calle de Santiago (26), sacando los muebles de una
familia arrendataria a la calle, genera una ola general de indignación. En esa
misma jornada había nuevos desahucios previstos en domicilios de las calles San
Miguel, Emilio Calzadilla y Pasaje Ojeda, que debido al curso de los
acontecimientos y la intensa reacción popular, fueron suspendidos por las
autoridades (27). Con el estruendo de varias detonaciones en distintos puntos
de la ciudad, a modo de señal de aviso, la Federación Obrera declara la huelga
general.
Por su parte otro de los grandes
medios locales de Tenerife, La Prensa, de tendencia republicana, opta por una visión
que trata de analizar lo sucedido, asegurando que “la virulencia, la fuerza
arrolladora con que se ha manifestado, demuestra indudablemente la existencia
de un hondo problema social -mal añejo no imputable solamente a los hombres que
hoy rigen la vida pública- sino a esa abulia, a esa pereza, tan nuestras, tan
de todos”. Al mismo tiempo su editorial anima a una resolución pacífica del
conflicto, “con un criterio pacificador, comprensivo y humano” (29).
La situación desde el inicio de la
huelga es claramente de dominio de la Federación Obrera en buena parte de la capital
tinerfeña, demostrando el amplio apoyo que tenían estas movilizaciones. Los
medios relatan como quedaron “paralizados todos los servicios, los huelguistas
se hicieron dueños de la situación, dirigiéndose grupos muy numerosos a la
calle del Doctor Allart, donde habita el administrador don Luciano Padrón. En
forma atropellada penetraron en la citada casa, procediendo a lanzar los
muebles a la calle” (30).
La respuesta violenta es el elemento central de las discrepancias que las distintas cabeceras. La prensa burguesa del momento destaca el uso de la violencia como el elemento más reseñable de este fenómeno de insurrección popular, en especial la dirigida contra los propietarios más importantes, sus administradores y algunas de las grandes industrias de la zona. Las casas de otros destacados administradores sufrieron de igual modo las iras de los inquilinos, es el caso de las viviendas de Juan Barbuzano, que llegó a realizar disparos contra los manifestantes, Norberto Morales, Ana Muñoz, Manuel Fernández, Carlos Peraza, Florencio Oliva, José Niebla y se intentó sin éxito en la vivienda de Agustín Jiménez. En todos los casos hay un procedimiento similar por parte de los manifestantes, una especie de “desahucio ritual” en el que muebles y pertenencias se dejaban tirados en la calle, con diversos daños materiales en su interior. Esa misma jornada se produce además una importante manifestación que transcurre desde la Federación Obrera hasta los juzgados de la capital, para reclamar el fin de los procedimientos previstos contra las familias inquilinas afectadas (31).
La huelga prende y se traslada a ámbitos que van más allá de la lucha por la reducción de los alquileres. La potente Federación se ve superada y las protestas también se trasladan a diversos puntos industriales, como la fábrica de salazones de Francisco Naveiras, que es incendiada, así como un almacén de paja de la familia Heliodoro Rodríguez López, un vehículo de Obras del Puerto y diversos almacenes. Igualmente se producen detonaciones de “petardos” en lugares como la carretera a la altura de Gracia, en La Laguna (32). También un grupo de huelguistas apedreó el consulado alemán en la capital tinerfeña, creyendo que se trabajaba dentro (33), aunque posiblemente también vinculado con la elección ese año de Hitler como canciller del país germano y la brutal represión política que desató contra las fuerzas de izquierda.
Las autoridades insulares no dejaron pasar la situación y mostraron por diversas vías su preocupación por la tensión social que se vive en la capital. El presidente del Cabildo Insular, el alcalde capitalino y el diputado republicano Ramón Gil Roldán mantuvieron una reunión con el gobernador civil, donde entre otras cosas pidieron una intervención de las fuerzas de seguridad. Esa misma posición es mantenida por las entidades que representan a los propietarios y al sector comercial, siendo influyentes en la respuesta a la jornada de huelga (34).
El día 6 se inician las
detenciones de representantes de la Federación Obrera y del Sindicato de Inquilinos.
Fueron puestos “a disposición del gobernador civil Sixto Delgado Mesa, Francisco
González Betancort, Enrique Cruz García, Francisco Fresneda Dieppa y Juan
Bermúdez García, acusados de desobediencia a la Benemérita”. También la policía
gubernativa “puso a disposición del Juzgado de Instrucción Militar a Gregorio
Rodríguez Domínguez, Antonio Matos Hernández, Juan López, Manuel Méndez García
y Agustín García”. Al mismo tiempo fueron denunciados, por el asalto a una de
las viviendas de administradores, los vecinos Manuel Morales Fuentes, Manuel Expósito,
Antonio González Marcelino, Carlos Herrera Pérez, Melitón Castro García,
Antonio Gutiérrez Rodríguez, José Alayón Marrero y Sebastián García Montenegro.
Además, por orden del gobernador, “la policía detuvo a Manuel Pérez y José Cano
Rodríguez, directivos de la Confederación” (35).
La reacción de protesta por las
detenciones de las organizaciones sindicales tinerfeñas trata de sustentarse en
un gran mitin, que intentaron celebrar en la plaza de toros de Santa Cruz,
donde se concentraron muchos huelguistas. Por decisión del Gobierno Civil se prohíbe
la celebración de este evento, con lo que la guardia civil entra a la fuerza en
este espacio y desalojan a los asistentes con “varias cargas” en el interior y
en la Rambla, dejando nuevos detenidos. En esta ocasión son Manuel Morales
García, Francisco González Marcelino, Antonio Hernández Merino, Francisco Pérez
Rodríguez, Francisco Rodríguez Rodríguez, Andrés Díaz Antequera, Antonio Sanz
Vila, Antonio Ramos Fuentes y José Hernández Morales. Por cometer actos de “sabotaje
en la vía pública”, fueron detenidos el jueves Agustín Ramos, Vicente del
Castillo, José Noda, Benigno Rodríguez, Juan Darías y Heriberto Herrera,
mientras que por desobediencia a la autoridad fueron arrestados Juan Díaz
García, Agustín Fajardo Rodríguez y Luis Quintero Rodríguez. También fueron
despedidos de sus puestos de trabajo el ingeniero director de la Junta de Obras
del Puerto, Juan José Luque, estrechamente vinculado al movimiento
anarcosindicalista, así como “sesenta y tres obreros” de esta actividad,
acusados de faltas de asistencia repetidas, aunque según recoge la prensa, “los obreros
entienden por su parte que la falta cometida, si se estima falta, fue debida al
paro que decretó la Federación Obrera los días 9 y 10 de mayo, y que la
reincidencia a que hace referencia el ingeniero es el paro actual” (36).
Los locales, medios de
comunicación y bienes de las entidades obreras no escapan de la represión
institucional a la jornada de huelga, en la que participa también fuerzas del
ejército. En la madrugada del jueves, “en vista del curso que tomaban las
cosas, se dispuso la detención de varios dirigentes del Sindicato de
Inquilinos, Federación Obrera y Regional, clausurándose también los locales del
primero, los de Suárez Guerra y San Francisco, así como el de la Regional del
Trabajo” (36). La Imprenta Obrera también fue intervenida por la policía, al
existir una “confidencia” que advertía de un panfleto clandestino que pedía
mantener las movilizaciones, con lo que se “ordenó a la policía se incautara de
todos los ejemplares y deshicieran el molde” (37).
El Gobernador Civil manifestó por
su parte que “una vez con fuerzas para responder adecuadamente a la grave
situación que habían creado los obreros huelguistas y contando con el auxilio
del Ejército, pudo dominar fácilmente la situación”, explicando además que el
paro había concluido en la mañana del 7 de julio (38), quedando más de una
treintena de ciudadanos detenidos a consecuencia de la misma, que sin duda serían
señalados como individuos peligrosos tras los sucesos de justo tres años
después, como veremos en ejemplos concretos. Los locales de la Federación Obrera
y de la confederación Regional del Trabajo permanecerán clausurados hasta
avanzado el mes de octubre de 1933, quedando cerrado incluso más allá el del
Sindicato de Inquilinos (39)
El terremoto político, social y
sindical que dejan tras de sí las jornadas de huelga de julio se mantiene
durante parte del verano de 1933 y tendrá un papel similar al de los Sucesos de
Hermigua o al intento de la toma del Palacio Episcopal lagunero, en la
justificación de excesos y brutalidades que habrán de sufrir algunos de sus
protagonistas en la dictadura. La voz más cruda a favor de la mano dura la hace
a modo de editorial la Gaceta de Tenerife, bajo el pseudónimo de “Juan de
Tenerife” que publica el 9 de julio en su primera plana: “Todos tenemos la
culpa. Unos por acción y otros por omisión, los caseros —muchos caseros —
queriendo sostener unos precios a todas luces absurdos. Los inquilinos,
queriendo solucionar por la violencia un problema que tiene su cauce legal y
para el que existe una amplia y copiosa jurisprudencia”, señalando al Sindicato
de Inquilinos y a la Federación Obrera como “profesionales del mitin y de la
revuelta, que, como todos los pescadores de río revuelto, tienen que valerse de
estos trastornos y de este encrespamiento de las bajas pasiones, para saciar
sus apetitos y la cómoda postura de ganar dinero sin doblar la espina” (40).
La resaca de la huelga y del movimiento
continúa en los días posteriores, mientras se reactivan los procesos de
desahucio paralizados, en este caso en el número 72 de la chicharrera calle
Santiago. El Gobierno Civil asume las críticas de las élites isleñas sobre su “tibieza”
en la persecución de la protesta con una nota pública manifestando que van a “obrar
con todo el rigor y máxima energía para mantener y asegurar el orden público”,
en previsión de nuevos altercados. De la misma manera, las asociaciones y
entidades que promovieron la lucha de los inquilinos señalan lo que consideran
excesos del Gobernador, al que acusan de no haber tenido un papel más activo
para evitar el conflicto e incluso de haber tratado de detener a algunos de los
representantes obreros que trataron de conferenciar con él (41).
La Prensa del 12 de julio avanza
nuevas consecuencias represivas, con más detenciones de miembros del Sindicato
y la Federación. Por orden judicial la policía de Vigilancia e Investigación
procede a detener a los hermanos Amadeo y Paulino Hernández, Joaquín Alayón
Navarro, Juan Romero González, Carlos Herrera Pérez, Enrique Cruz García,
Francisco Fresneda Dieppa, los hermanos José y Álvaro Jiménez Pérez, Antonio
González Gil “Mestizo”, Gregorio Ramón Rodríguez “Pistanito”, Cirilo Socorro
Cubas “Juan el Canario”, José Delgado Torres, Manuel González Valladares “el
cubanito”, Cándido Delgado Oramas, Francisco Pérez Sabina “Peruales”, Santiago
Hernández del Castillo, Jerónimo Henríquez Miranda, Francisco Carrillo Díaz, Eugenio
Montesino Prieto, Domingo Pérez García, José Delgado García, Francisco González
Sola, Sixto Juan Concepción (contador del Sindicato de Inquilinos), Francisco
Román Romero y Jorge Hernández Mora. Dentro de este grupo también aparecen las
siguientes mujeres, Carmen Hernández Dorta, las hermanas Ginesa y Polonia Fernández García y María Padilla Arteaga (42),
siendo este un colectivo con una importante presencia en las jornadas más duras
de las movilizaciones, quedando testimonios gráficos al respecto en los medios.
Otro de los ecos de las jornadas
de lucha estará en el salón de plenos santacrucero, que en su sesión del
miércoles 12 de julio aborda un debate sobre lo sucedido, la situación de la
vivienda y el papel del Gobierno Civil. Mientras desde el equipo de gobierno
presidido por el alcalde, Tomás Armas Quintero, defienden la labor del Gobernador
Civil, se levanta la voz del poeta de origen gomero y miembro de la minoría
socialista, Pedro García Cabrera, que manifiesta que su grupo político “había
propugnado por la construcción de casas baratas que es, a su juicio, una de las
más Inmediatas soluciones de aquel problema”. Además, el concejal manifiesta
que no desea entrar en si las acciones del Sindicato fueron adecuadas o no
conforme a la legalidad, pero sí entiende que “desde que se comenzó el
planteamiento de la cuestión ni el alcalde ni el Ayuntamiento ni esas
representaciones de los demás organismos locales han tenido intervención alguna
para, buscar una solución de armonía ni acudieron al Gobierno civil a ofrecer
colaboración al representante del Gobierno, en favor del arreglo del conflicto
que iba a producirse; y cuando este conflicto se plantea lo que hacen estas
autoridades es pedir una represión contra determinada clase, inclinándose a
favor de una de las partes interesadas en la cuestión, a pesar de ser la
autoridad local la representante de todos los sectores de la población”.
Igualmente pone de manifiesto las discrepancias existentes en el seno del
movimiento obrero entre los sectores ugetistas y los cenetistas, señalando que “en
el pleito de los inquilinos se han mezclado elementos extraños a los mismos”,
en referencia a los sectores anarcosindicalistas (43).
Mientras la polémica perdura, las
entidades que conforman y apoyan la lucha de los inquilinos mantienen una
posición pública de unidad, manifestando en la prensa que trataron de buscar
una “solución armónica” ante un problema y que no fueron atendidas sus
peticiones, indicando que la respuesta al primer desahucio fue de indignación “en
todos los pechos porque las puertas de la justicia se cerraron para el pueblo
herméticamente”. También manifiestan su rechazo a las detenciones desarrolladas
contra integrantes de este movimiento, que incluía a varios niños de 14 y 16
años, tres ancianos de más de sesenta y varias mujeres, basados en las
denuncias por participar presuntamente en la quema de las naves de salazones de
Naveiras, indicando que se ha procedido “con suma ligereza, pues se les detuvo
a altas horas de la noche, sin consideraciones para ninguno y sin tener en
cuenta que sobre ellos no pesa ningún delito” (44).
Desde ese mes de julio, Ricardo Ferrada,
miembro de la directiva del Sindicato de Inquilinos, toma un papel destacado en
las respuestas a distintos medios e instituciones en relación con el conflicto
vivido. Es el caso de su respuesta al juez municipal que acusa a la entidad de
no hacer uso de las vías legales existentes para hacer sus reclamaciones. El
portavoz sindical responde que cuentan con una gran escasez de recursos
económicos y que para presentar las 300 demandas de revisión de alquiler
necesarias en la capital, “necesitaríamos 18.600 pesetas y si las presentásemos
poco a poco tardaremos diez años en dar satisfacción a las ansias
reivindicativas de nuestros asociados”, destacando la labor mediadora que estaban
realizando para tratar de lograr acuerdos entre inquilinos y propietarios (45).
Las palabras de Ferrada también
señalan directamente al Gobernador Civil, al que acusan de “aprovechar al Sindicato
de Inquilinos como instrumento contra sus enemigos políticos y contra la
organización obrera, y de ello presentamos pruebas evidentes”. Acusan a Gil
Tirado de que con las acciones que propiciaron el estallido social, lograra “la
venganza contra los que le atacaban y pedían su destitución; y en segundo término,
el pretexto para clausurar la organización y detener a sus militantes más
activos”, recordando que por ello “se encuentran en la cárcel y procesados por
el delito de sedición los directivos del Sindicato de Inquilinos” (46).
Mientras estos debates
epistolares se dan en la prensa, se desarrollarán nuevos desahucios y la
respuesta social seguirá siendo intensa. En Salamanca Chica y en otros puntos
de la ciudad estallaron y se colocaron en esos mismos días “petardos”. Además,
se indica el apedreamiento por parte de un grupo de individuos “de la casa
señalada con la letra L, en la segunda transversal del barrio de Salamanca
Chica”. Justamente por este tipo de acciones de protesta también se detiene a
dos inquilinos desahuciados, “Anastasio Hernández Gutiérrez, de sesenta y tres
años de edad, y al hijo de éste, Severo Hernández Hernández, de veinte años y
de oficio chófer”, ya que en la vivienda de la que fueron desalojados por las
autoridades se produjeron explosiones de artefactos (47).
Desde los calabozos de Paso Alto
será el representante de la Asociación General de Empleados de Comercio, Industria
y Banca, Nicolás Mingorance, también miembro del Sindicato, el que ejerza de
portavoz de los detenidos en una extensa carta publicada en el diario La
Prensa. En el texto aborda las acusaciones publicadas en varios medios,
escritas bajo el pseudónimo Juan de Tenerife y otra publicada por un
administrador apellidado Brito. Se defienden de las acusaciones de ejercer la
violencia, la politización del movimiento o no querer el bien para el conjunto
de la ciudadanía, manifestando que “existen en nuestra sociedad elementos más
perturbadores y menos productivos en bien de la Patria y de la Familia, que
aquellos trabajadores sabiamente organizados en captación de un futuro más
humano” (48).
Las constantes respuestas y
aclaraciones del Gobernador Civil, Vidal Gil Tirado, y de algunas voces
periodísticas denotan la intensidad con la que se estaban viviendo los
acontecimientos de ese momento. Especialmente rápido en dar respuesta estará el
responsable del Gobierno, que tras los ataques desde los sectores más
conservadores, por su lenta intervención en las jornadas de la huelga, ofreció
una serie de artículos y notas en los que carga contra la Federación Obrera y
el Sindicato. Manifiesta que los escritos de Ferrada y de las entidades
sociales “hacen aseveraciones perfectamente injuriosas y calumniosas” y que “en
lo que a mí afecta, son totalmente falsas, y como sólo tienen por base un
propósito torcido y torpe de manchar mi reputación por razón del cargo” (49).
En el diario Hoy el propio Ricardo Ferrada responde a la nota publicada,
asegurando que “caballero y honrado entré en Paso Alto y hoy me considero
acreedor a esos títulos, puesto que soy víctima de una persecución sistemática
por el enorme delito de haber defendido los intereses de los inquilinos de
Tenerife. Y por último, me cabe el orgullo de afirmar que tanto los inquilinos
como buen número de propietarios confían en mi para arreglar definitivamente y
de una manera equitativa los precios de las viviendas de Tenerife” (50). En línea similar se manifiesta la Federación Obrera,
que critica la situación por la que pasan los detenidos en Paso Alto, mientras “los
responsables directos pasean tranquilamente su impunidad” (51).
Desde Gaceta de Tenerife se
desata la mayor cantidad de ataques dirigidos contra el Sindicato de Inquilinos
y también contra la figura del Gobernador Civil, miembro de un ala republicana
moderada contra la que también cargan tintas duramente en el medio conservador.
El principal valedor de esos artículos se esconde bajo el pseudónimo anteriormente
mencionado de Juan de Tenerife.
¿Quiénes están detrás de estas publicaciones?,
si atendemos al magnífico trabajo del investigador Eliseo Izquierdo, donde
aborda los pseudónimos en la prensa isleña, se trata de un conjunto de escritores,
aunque dos son los principales, Agustín Zancajo y Osorio y José Vicente Pérez
de Valero. Ambos estarán estrechamente vinculados al franquismo y a la
aparición de Falange en Tenerife. Del primero se decía que había sido enviado a
la Isla por el propio José Antonio Primo de Rivera y el segundo fue un activo
mitinero y organizador de la derecha más ultra, fundador de Derecha Regional
Tinerfeña, portavoz de Acción Popular Agraria y vocal de propaganda de Junta
Diocesana de Acción Católica (52).
En múltiples artículos que abren
las portadas de Gaceta de Tenerife, entre el 9 de julio de 1933 y finales de
ese año, con esporádicas las apariciones posteriores, dedican incendiarios
manifiestos contra el Sindicato de Inquilinos, el movimiento obrero tinerfeño y
la República, marcando en lo discursivo la justificación del golpe y las bases
de la violencia que se desencadenará en julio de 1936 contra buena parte de los
más significados representantes de las izquierdas. Su papel como generador de
argumentos sobre lo insostenible de la democracia vigente y los excesos del “marxismo”
serán contestados desde otros ámbitos de la vida social y política, con
especial fuerza y frecuencia desde las páginas del diario republicano Hoy. La
propia Junta Directiva de Juventud Republicana, resume bien la base de los
argumentos de Juan de Tenerife, “la República es consustancial con el desorden
y con la anarquía y que la República es solo eso: subversión y desenfreno” (53).
El odio que se destila desde las columnas de este grupo de periodistas ultras, contra
todo lo que sea izquierda, se concreta en un texto del mes de agosto de 1933,
escrito en respuesta a un artículo del Diario Hoy que lo califica como “nuevo
Mussolini”. El escritor conservador desarrolla una diatriba sobre la falta de higiene
de la izquierda y su carácter masón, reseñando que “entre los muchos defectos
que han tenido siempre los republicanos de todos los tiempos, ha habido dos que
se han hecho proverbiales, casi consustanciales con la profesión de tales
ideas: el alcoholismo y la suciedad” (54).
Con respecto a los efectos de la
huelga de Inquilinos, las columnas de Juan de Tenerife tratan de separar al
Sindicato de su base, manifestando una vez más que, “esa clase trabajadora y
esa opinión sensata, a que hacen referencia los agitadores de la Liga de Inquilinos,
ha rechazado francamente, unánimemente, el tortuoso camino por el que se ha
querido llevar” (55). No me parece desdeñable el papel de estos escritos en la
represión que se desata después del golpe franquista, más aún teniendo en
cuenta el papel activo y militante de sus autores en el nuevo régimen. El
contenido de estos textos merece un estudio para conocer la base ideológica y
los fundamentos del argumentario reaccionario en ese momento histórico.
La directiva del Sindicato de
Inquilinos se hace eco de los ataques que reciben y desde su encierro en Paso
Alto, Manuel Pinto Santana, Manuel Pérez, Francisco Silvestre Infante, Antonio
Hernández, Sixto Concepción y Ricardo Ferrada, firman un escrito donde
manifiestan que son “trabajadores honrados” y que “en la calle hemos tenido la
nobleza de exponer públicamente nuestras ideas y defender a los inquilinos
contra la explotación de que son víctimas”. Además, recuerdan que “las rejas
que hoy nos separan del mundo exterior, esas rejas que nos privan de la
libertad tan querida, nos llenan de orgullo, ya que estamos en la prisión por
defender los intereses del pueblo” (56). La mayoría permanecerán en prisión por
su papel en la huelga hasta la noche del 18 de agosto de 1933, cuando son
liberados Manuel Pérez, Manuel Pinto, Francisco Silvestre Infante, Sixto
Concepción, Rosendo Rodríguez, Francisco Reyes y Ricardo Ferrada (57).
Tras la ola de represión desatada, el movimiento de los inquilinos sufre un proceso de parálisis que dura hasta el primer semestre de 1936. Es cierto que han logrado colocar en todos los medios isleños un problema latente de la sociedad, hasta su más beligerante adversario en la prensa reconoce ese aporte, pero sus demandas no son contestadas y la distinta forma de entender los cauces de la lucha, muy vinculada con las corrientes existentes en la base política y sindical del mismo, hizo que se optara por un proceso de reagrupamiento, donde otras luchas como la de los tabaqueros o los portuarios retomaron su importancia. El veterano socialista José Rial, vocal del Sindicato, es uno de los últimos en hacer una reflexión sobre este proceso. Lo hace ya en el mes de agosto, haciendo público cierto alejamiento con las posiciones anarcosindicalistas que dominaron parte de la estrategia seguida en las jornadas de protesta. Como otros, recuerda que él, junto con Ricardo Ferrada, trataron de frenar la incidencia de la Federación Obrera, de tendencia anarquista mayoritaria, en la directiva del Sindicato, protestando contra “las violencias”, aunque no deja de pensar que “hasta que no se ha producido el hecho violento, esos patronos se desentendieron, como la mayoría de las autoridades, del problema” (58). Coincido plenamente con el profesor Miguel Ángel Cabrera sobre el efecto de esta huelga en la ruptura orgánica y política entre la pequeña y gran burguesía, que viven de forma bien distinta este conflicto y la realidad de los precios de los alquileres, teniendo entre otros efectos un proceso de declive y escisión del Partido Republicano Tinerfeño, así como la radicalización de las bases de la UGT (59).
Con el auge del Frente Popular y
la retomada unidad de las distintas fuerzas republicanas el Sindicato reactiva
brevemente su labor poco antes del golpe franquista, recuperándose la Voz del
Inquilino. Además queda como uno de sus últimos testimonios de fuerza una gran
asamblea celebrada el 12 de abril de 1936 en el Parque Recreativo de Santa Cruz
de Tenerife, que reúne a unos de 2500 asistentes (60). El 1 de julio celebrarán su última asamblea en un Teatro Guimerá lleno. En una sesión presidida por Francisco Sosa, deciden seguir trabajando de la mano del Ayuntamiento capitalino para tratar de resolver la situación de la vivienda y mantener la publicación su periódico (61). Tras los sucesos del 18
de julio de ese año sus integrantes, señalados por los incidentes de 1933 y por
su beligerancia social, se convierten mayoritariamente en presos, algunos
perderían la vida.
Uno de los últimos responsables del Sindicato de Inquilinos, Francisco Sosa Castilla, fue fusilado en la batería del barranco del Hierro el 13 de octubre de 1936, por su papel en la llamada Causa 50, por la resistencia popular al golpe en el entorno del Gobierno Civil santacrucero (62). Vicente Hormiga, de ideas socialistas, fundador y miembro de la organización en La Laguna, fue asesinado y desaparecido, sin que todavía se sepa dónde se encuentra su cuerpo. Francisco Silvestre Infante, presidente de la Liga de Inquilinos en la década de los veinte e inicios de la década de los treinta (63), dirigente de la CNT, deportado y fugado de Villa Cisneros, en 1939 vuelve a estar preso, situación en la que seguirá hasta 1945 (64), siendo autor de varios textos de la obra Musas Cautivas (65). José Rial fue detenido y es deportado al campo de concentración de republicanos en La Agüera, participando de la fuga de Villa Cisneros. Sixto Juan Concepción, conocido como “El Librero”, miembro de la CNT detenido por los sucesos de julio, permanecerá en diversas prisiones, entre ellas la flotante Porto Pi (66). Amadeo Hernández, miembro de la CNT, acusado del incendio de la fábrica de salazones de Francisco Naveiras durante la huelga, fue capturado en Las Palmas de Gran Canaria y arrojado al mar sin juicio alguno (67). También fue detenido Antonio Hernández Merino, vocal del Sindicato de Inquilinos que estuvo entre los presos de Paso Alto de 1933 e igualmente sufrió la deportación a Villa Cisneros (68). De igual modo acaba en Fyffes Bernardino Afonso, firmante en representación de la Federación Obrera del manifiesto de mayo de 1933 a favor de la lucha de los inquilinos (69), ambos eran miembros de la CNT. Otros muchos cientos permanecieron anónimos y perseguidos, marcados por unos días donde la energía social de un grave problema, como el de la vivienda, generó respuesta y movilización, con una de las mayores intensidades del periodo republicano.
Francisco Sosa Castilla. Presidente del Sindicato de Inquilinos en 1936
Los grandes medios isleños recogen la situación de la problemática de la vivienda, que consideran real y creciente, que afecta también a sectores sociales cercanos a estos medios, pero no tratarán de ir más allá del mismo. En todos los casos rechazan, con algunos matices justificatorios, la virulencia de la respuesta social dada a este conflicto. El Sindicato de Inquilinos obtuvo como victoria principal un debate público inédito sobre esta realidad, impensable sin esas movilizaciones y el amplio número de afiliados que lograron, además de una magra serie de mejoras, básicamente un tibio fomento de las casas baratas, un mayor control de sus condiciones sanitarias y algunas negociaciones de precios con los arrendatarios. El resultado será insuficiente y posiblemente explique, junto a la represión y cierre de locales, la tardanza con la que reactivarán sus acciones, al calor del éxito del Frente Popular. A modo de resumen podemos decir que la respuesta a este proceso de lucha sindical fue claramente represiva, siendo sin duda clave en la llegada de discursos más beligerantes a la prensa isleña y en la persecución política de este movimiento en los días posteriores al golpe franquista.
Citas bibliográficas,
periodísticas y fuentes consultadas
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Cabrera Acosta, M.A. La II república en las
Canarias Occidentales. Santa Cruz de Tenerife. 1991 pp. 356-358
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6. Hoy.
1 de septiembre de 1932. P5
7. La
Prensa. 15 de octubre de 1932. P5
8. La
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9. Semanario
Actualidades. 31 de octubre de1932. P1
10. La
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14. La
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16. Ascanio
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republicano: http://www.sanborondon.info/index.php/desarrollo/cultura/79477-nicolas-mingorance-olvidado-poeta-periodista-y-activista-republicano
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18. Gaceta
de Tenerife. 23 de mayo 1933. P8
19. La
Prensa. 30 de mayo 1933. P5
20. Aguiar
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21. La
Prensa. 3 de junio de 1933. P3
22. Gaceta
de Tenerife. 8 de junio de 1933. P5
23. Hoy.
1 de julio de 1933. P3
24. Cabrera
Acosta, M.A. Op. Cit. P367
25. Gaceta
de Tenerife. 5 de julio 1933. P8
26. Aguiar
García, Carlos David y Hermida Martín, Hermida. Techo y dignidad. La lucha del
Sindicato de inquilinos de Tenerife durante la Segunda República. P117
27. Op.
Cit. P117
28.
Gaceta de Tenerife. 8 de julio 1933. P3
29. La
Prensa. 8 de julio de 1933. p3
30. Gaceta
de Tenerife. 8 de julio 1933. P3
31. Idem.
P2
32. Idem.
P2
33.
Hoy. 8 de julio de 1933. P3
34. Idem.
P3
35. Idem.
P3
36. Idem.
P8
37. Gaceta
de Tenerife. 8 de julio de 1933. P5
38. Hoy.
8 de julio de 1933. P8
39. Hoy.
12 de octubre 1933. P3
40. Gaceta
de Tenerife. 8 de julio de 1933. P1
41. La
Prensa. 9 de julio 1933. P5
42. La
Prensa 12 de julio 1933. P3
43. Hoy.
13 de julio 1933. P3
44. La
Prensa. 12 de julio 1933. P5
45. La
Prensa. 13 de julio 1933. P5
47. Idem.
P8
48. La
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49. Hoy.
18 de julio 1933. P8
50. Idem
p8
51. La
Prensa. 18 de julio 1933. P5
52. Izquierdo,
Eliseo. Encubrimientos de la identidad en Canarias. La Laguna. 2019. Pp.
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53. Hoy.
20 de julio 1933. P8
54. Gaceta
de Tenerife. 2 de agosto 1933. P1
55. Gaceta
de Tenerife. 15 de julio 1933. P1
56. Hoy.
14 de julio 1933. P3
57. La
Prensa. 19 de agosto 1933. P3
58. La
Prensa. 11 de agosto 1933. P2
59. Cabrera
Acosta, M.A. La II república en las Canarias Occidentales. Op cit. P373
60. Gaceta
de Tenerife. 14 de abril 1936. P2
L La Prensa 7 de julio de 1936 p3
61. Medina
Sanabria, Pedro. Licencia para dar sepultura a Francisco Sosa Castilla https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2016/04/07/licencia-para-dar-sepultura-a-francisco-sosa-castilla/
62. Gaceta
de Tenerife. 31 de enero 1930. P8
63. Hernández
Hernández, José Manuel. Villa Cisneros 1937. La gran evasión de los
antifascistas canarios. Santa Cruz de Tenerife. 2018. P52
64. Mederos,
Alfredo y Millares, Sergio. Estudio histórico Musas Cautivas. CCPC. 2007. P72
65.
García Luis, Ricardo. Crónica de vencidos. La
Marea. 2003. P43
66. Aguiar
García, Carlos David y Hermida Martín, Hermida. Techo y dignidad. La lucha del
Sindicato de inquilinos de Tenerife durante la Segunda República. P118
67. García
Luis, Ricardo. Op cit. P305
68. Ascanio
Gómez, Rubens. Bernardino Afonso, voz del movimiento obrero tinerfeño: https://latadelgofio.blogspot.com/2022/01/bernardino-afonso-garcia-voz-del.html?fbclid=IwAR01L1rtg96O6Rel7wYf_gXkFRRutalXenzliyj4y72KCD6liws5-1l6J_s
